Portada  |  07 septiembre 2021

Buscan crear un programa para asistir a las víctimas de organizaciones coercitivas

Brindar todo tipo de "asistencia a víctimas de grupo-dependencia, y líderes grupales o unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abusos a sus seguidores" es el principal objetivo de un proyecto que acaba de presentar la diputada Mónica Macha y a que cuenta con la adhesión de organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y la Red LibreMentes, se informó el lunes.

Igualdad y Género

La iniciativa propone la creación del "Programa Nacional de Asistencia de Asistencia a Víctimas de Grupos o Líderes Unipersonales que Ejercen Persuasión Coercitiva y/o Abuso" para la atención, protección y promoción de los derechos de las "personas de cualquier sexo/género o edad que fueran obligadas a actos u omisiones" o sometidas a "abuso físico, abuso psicológico, técnicas de destrucción de la personalidad".

"Nos referimos a aquellas personas u organizaciones que ejercen manipulación y violencia sobre quienes captan", explicó la diputada Mónica Macha.

Como resultado del ejercicio de estas violencias, las víctimas se ven afectadas en su "salud física o mental" por la destrucción "de la personalidad" o "de su entorno social habitual", "explotación sexual, laboral, económica o de cualquier índole", "reducción a servidumbre" y "la utilización de técnicas de abusos grupales".

Y los perpetradores apelan a "todo tipo de fachada para sus delitos, cultos, coacheo emocional, yoga, artes marciales o terapias alternativas".

El proyecto habla de grupos y no de "sectas" porque hacerlo implica adoptar "cierto sesgo" y mirada "reduccionista", explicó Macha.

"Son organizaciones que captan, que aíslan a la persona y le piden mayor dedicación, admiración o entrega. Reclaman sumisión y obediencia ciega, establecen sus propias reglas, hacen pedidos de dinero, ubican al otro en una posición inferior y desvalida, critican a lo que no pertenezca a la organización", dijo.

La legisladora explicó que en el país "hay evidencias sobradas de estas prácticas" y "en casi todos los casos la información o denuncia llega a través de las víctimas o familiares preocupados por conductas y comportamientos".

"Salir de una organización coercitiva que te engaña, te manipula y te obliga a ciertas prácticas que vulneran derechos es muy complejo en términos psicológicos y emocionales, porque implica un proceso de crisis y extrañamiento", dijo Macha.

"Pero también (es complejo) en términos legales o materiales, poder precisar el nivel de implicancia, los daños que se han sufrido y cómo acompañar a esa persona en un proceso de su autonomía y proyecto de vida", agregó.

El proyecto, no obstante, no plantea la tipificación de un nuevo delito o la reforma del Código Penal porque, "en principio, nos orienta atender y acompañar a quien sufre estos abusos y que no tiene a donde recurrir para tender lazos".

Un punto "muy interesante y complejo" de abordar durante la elaboración del proyecto fue la eventual comisión de delitos por parte de las víctimas de estas manipulaciones, y en el marco de esta cooptación de voluntad.

"Creemos que esas situaciones deben ser evaluadas por la justicia. Nuestro primer paso es visibilizar y poner en crisis a estas organizaciones para que no puedan desplegar sus estrategias de captación y manipulación", dijo.

El referente de LibreMentes y sobreviviente de una organización que apelaba a la coerción persuasiva, Pablo Salum, recordó que los victimarios eligen a "personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por una crisis económica, familiar o de salud"; a quienes cooptan "ofreciéndoles soluciones mágicas a sus problemas".

"De aprobarse esta ley, nos ayudaría a cambiar la historia, porque es una problemática que existió siempre pero a la que no se reconoce como tal, y donde hay derechos vulnerados el Estado debe intervenir", dijo Salum que trabajó junto a Macha en la elaboración del proyecto.

Salum advirtió que "el 75% de las víctimas son mujeres" o integrantes del colectivo LGBT+, con quienes estas organizaciones o líderes se ensañan considerándolos "enfermos que deben ser tratados", con el resultado de que "muchos se terminan suicidando o son sometidos a seudoterapias y torturas psicológicas".

"Como feministas que vivimos nuestra fe desde la disidencia a las jerarquías eclesiásticas, las integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina adherimos al proyecto", comunicaron desde la organización.

"Las prácticas abusivas configuradas en el proyecto responden a una realidad que en muchas ocasiones nos ha tocado escuchar y denunciar", razón por la cual "saludamos" esta iniciativa que "le pone nombre y luz a las graves consecuencias que este accionar coercitivo y manipulador tiene sobre las personas, y que fortalecerá nuestros esfuerzos para continuar erradicando los discursos de odio y los fundamentalismos religiosos que socavan los principios de una sociedad democrática", concluyeron.

Fuente: Télam

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