El único imputado en la causa es Juan Váldez, de 40 años, profesor y padre de la hija de la víctima. El objetivo de la querella es lograr la cadena perpetua para Váldez pero también conocer qué pasó con Rosalía.
Rosalía vivía junto a su mamá y su hija Alma de dos años en una vivienda humilde de Fortín Olmos (departamento Vera), en el norte santafesino, y fue vista por última vez cuando se dirigía a un bar. Con el correr de las horas Rosalía no volvió y su madre decidió realizar la denuncia; desde ese momento se inició una intensa búsqueda que incluyó rastrillajes y movilizaciones para exigir su aparición con vida, de las que participaron familiares, organizaciones feministas y toda la comunidad.
Días después de su desaparición fue detenido Juan Váldez, profesor de educación física, quien en principio fue imputado por el delito de retención y ocultamiento de persona. Según la acusación actual de la Fiscalía de Vera, el detenido realizó 14 llamadas telefónicas el 1° de julio de 2017 y acordó con Rosalía Jara, con quien mantenía una relación amorosa extramatrimonial y clandestina desde que ella tenía 14 años de edad, encontrarse en el lugar conocido como “la garita”, en las calles Santa Fe y Juan Domingo Perón de dicha localidad.
Según se desprende de la causa, el motivo del encuentro era la insistencia de Rosalía para que Váldez le pase una cuota alimentaria para Alma, quien no estaba reconocida legalmente por Váldez. Su paternidad quedó finalmente comprobada en noviembre de 2017 mediante un examen de ADN, cuando la joven permanecía aún desaparecida.
Finalmente, el 26 de agosto de 2018 familiares de la joven reconocieron las prendas encontradas junto a restos humanos en un campo aledaño a la ruta provincial 98, en el departamento Vera. El hallazgo fue realizado por cazadores en una zona de islas, a la vera del arroyo Golondrina. Los exámenes del Equipo Argentino de Antropología Forense confirmarían más tarde que se trataba de Rosalía y si bien no se pudo determinar la causa exacta de la muerte se encontró un fuerte golpe en el cráneo.
Frente a este panorama, Váldez pasó a estar imputado por su femicidio. Tras una serie de contramarchas, y en parte gracias a la presión social ejercida por el caso, el juez penal Santiago Banegas admitió la acusación formulada contra el imputado Juan Oscar Valdéz y el pedido de prisión perpetua y ordenó la realización del juicio oral y público, que iniciará este 7 de julio y cuyo dictado de sentencia está fijado para el 3 de agosto.
Según consta en “estando Rosalía Jara el 1 de julio de 2017 en el conocido ‘Bar Vázquez’ de Fortín Olmos, recibió un llamado del acusado a las 22:17:36 horas, por lo que salió del bar hablando por teléfono, caminó hasta la esquina y luego corrió hasta la garita donde la esperaba Valdéz en su automóvil Toyota Corolla blanco, al cual Rosalía subió voluntariamente”. Acto seguido y ya a bordo del rodado, se retiraron del lugar, y “estando Rosalía en su vehículo, con dolo homicida -que se desprende de la globalidad de la conducta -, sesgó la vida de Rosalía mediante la aplicación de, al menos, un golpe contuso en la cabeza que le produjo fractura en el macizo facial izquierdo”, indicó el juez.
Homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (femicidio), es la imputación que recae sobre Váldez. El juicio comenzará en los Tribunales de Vera el 7 de julio a las 8.30, con los alegatos de las partes y luego se iniciarán las declaraciones testimoniales -están previstas 130- junto con la presentación de las demás pruebas.
A raíz de las medidas dispuestas en el marco del aislamiento social por el COVID-19 (coronavirus) se impide la presencia de público en las audiencias, motivo por el cual organizaciones sociales y feministas elevaron una carta a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que el juicio sea televisado por la TV Pública.
“Teniendo en cuenta la situación excepcional por la pandemia de Covid-19, que dificulta que se garantice la presencia del público en las audiencias, entendemos que la difusión por medios audiovisuales hace posible el derecho a la información en los casos de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía, (como en este caso), y el cumplimiento del principio de publicidad que contempla la condición de ser un juicio ORAL Y PÚBLICO”, explicaron.
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