María es portadora de HIV desde los 14 años. Desde entonces sigue un estricto tratamiento que le permitió estudiar, recibirse de docente, ejercer su profesión y llegar a los 40 años con carga viral cero.
Durante la pandemia trabajó desde su casa, pero el aislamiento le jugó en contra, como a muchas personas: sufrió ataques de pánico que le impidieron salir a hacerse los estudios de rutina que se hacía cada año.
En 2020, la falta de controles médicos fue el común denominador entre los pacientes. Por un lado, los centros de salud, abocados a la atención de pacientes con Covid-19, solo atendían urgencias. Por otro, las personas preferían no asistir a los centros para evitar contagiarse.
María estuvo a punto de interrumpir el fin de semana pasado su tratamiento de décadas, porque su obra social ObSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires), para entregarle la medicación, le exigía el resultado de los controles que ella no pudo completar el año pasado.
“Dejar la medicación puede afectar severamente su respuesta a tratamientos futuros”, alertó su psiquiatra a un grupo de colaboradores y pidió ayuda para sortear la burocracia.
Tratamiento
María toma un medicamento cuyo nombre comercial es Genoya, de laboratorio Gador.
Su psiquiatra nunca supo hasta el viernes pasado que María ya se quedaba sin la droga.
“No me dijo nada del tema; yo me desayuné ahora”, contó la profesional quien, rápida de reflejos, dejó los reproches para otro momento. Porque lo urgente era conseguir la droga, que María luego podría reponer a quien se la facilitara una vez que la obra social cumpliera con la ley.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación la apoyaron y ofrecieron acompañarla con un amparo, dado que la ley protege a los pacientes: no se puede interrumpir la administración de la medicación bajo ningún punto de vista.
Sin embargo, el cuerpo de María no entiende de tiempos burocráticos. Por lo cual, no recurrió al amparo, sino a la insistencia hasta la súplica para hacer cumplir su derecho.
Finalmente, consiguió el medicamento, pero las idas y vueltas destaparon casos de pacientes en sus mismas condiciones.
Amparo
La acción de amparo es un proceso judicial que se utiliza para obtener una solución rápida ante la vulneración de derechos y garantías constitucionales por actos u omisiones de los organismos públicos y/o de los particulares.
Esta acción es admisible siempre que no haya otra vía judicial más idónea para restablecer el derecho afectado, y puede recurrir a ella cualquier persona que sienta que le están vulnerando un derecho.
El recurso de amparo de salud es la medida más eficaz y rápida para proteger el derecho a la salud si está siendo amenazado por demoras, negación de servicios o incumplimientos por parte de una obra social o prepaga.
“Si no estás recibiendo las prestaciones que por ley te debe dar tu obra social o prepaga, podés hacer directamente la reclamación correspondiente. La mejor manera de hacerlo es mediante notas por escrito, teniendo la precaución de quedarte con una copia firmada como recibida”, explica el equipo de abogados expertos del estudio Amparando Salud.
En caso de no obtener una respuesta, se debe elevar la solicitud ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
Si habiendo realizado estos trámites no se da una solución, se puede acudir a la acción de amparo de salud a través de un abogado especialista en el tema.
Un caso de amparo exitoso
Angela da clases de inglés en la Villa 1-11-14. También es afiliada a ObSBA. El año pasado le diagnosticaron cáncer de mama triple negativo y la obra social no le quería cubrir su tratamiento oncológico en el Hospital Ramos Mejía.
“Lo único que queremos es que ObSBA le suministre al Ramos Mejía la medicación necesaria para su tratamiento, algo que no quieren hacer porque ellos cuentan con sus propias instituciones designadas para esto”, señalaba Débora Victoria Acuña Aramayo a principios de enero en una petición publicada en Change.org, que juntó más de 50 mil firmas.
“Pedimos que ObSBA se haga cargo ya y dé los medicamentos de quimioterapia al Ramos Mejía, y queremos tener la certeza de que su tratamiento va a ser realizado en tiempo y en forma. No queremos perder más tiempo, no queremos perder a Angie”, añadía.
Dos semanas después, publicaba que “la única solución viable fue la legal: iniciamos un recurso de amparo. Gracias a esto, Angie recibió su medicación y pronto iniciará su tratamiento”.
“Nos indigna pensar que estando en una situación de vida o muerte haya habido que rogar, que eso no fuera suficiente, y que haya habido que recurrir a un proceso judicial. Nos indigna que haya personas que no están recibiendo sus tratamientos en tiempo y en forma. Nos indigna que nadie que puede hacer algo al respecto, esté dispuesto a escuchar”, concluyó la prima de Angie.
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