La organización ecologista El Paraná No se Toca aceptó la propuesta formulada por el gobierno santafesino de aplicar “una veda parcial” para la pesca comercial y deportiva con devolución en el río Paraná, en el marco del conflicto desatado en la provincia por la decisión de la Justicia de suspender la pesca en ese curso fluvial durante tres meses.
“Si bien no tenemos la propuesta oficial, en principio la aceptamos. Estamos abiertos al diálogo, pero siempre y cuando haya control, información y participación ciudadana, dijo la asesora legal de El Paraná No se Toca, Romina Araguas.
La organización ecologista presentó en su momento la medida cautelar que determinó la veda total para la pesca comercial y deportiva en el río Paraná. A través de Fiscalía de Estado, la provincia elevó este miércoles una propuesta de veda parcial para la pesca comercial y de habilitación de la pesca deportiva con devolución.
Al respecto, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, dijo que “la propuesta elaborada propone habilitar la pesca comercial durante tres días por semana, ampliando así los días de prohibición a los ya establecidos por la ley número 12.703”.
Y añadió que el objetivo que se persigue “es permitir la pesca deportiva exclusivamente con devolución obligatoria de toda especie”, tal como lo establece la ley número 12.212 en su artículo 28.
La veda fue dispuesta por el juez Civil y Comercial de Rosario, Luciano Carbajo, ante una medida cautelar solicitada por las ONG El Paraná No Se Toca e Identidad Ambiental, para proteger a la fauna ictícola del río Paraná, jaqueada por la bajante extraordinaria y la sobrepesca. “El gobierno de la provincia de Santa Fe luego de siete meses de negar, dilatar y esquivar un problema inocultable , finalmente reconoce que es necesaria una veda pesquera y plantea una propuesta de veda parcial”, señaló en un comunicado la organización ambiental.
Tras subrayar que están “dispuestos a aceptar la propuesta” del gobierno provincial, dicen que les parece “razonable el pedido del fiscal de Cámara, de establecer un período de medidas de preservación y llamado a audiencias públicas”, para superar el conflicto. Esa propuesta “debe ir acompañada de un proyecto serio, cumplible y verificable de protección de los bienes naturales y de mejora de la precaria situación de los pescadores que forman parte del eslabón mas vulnerable de la injusta cadena comercial”, sostienen.
“La desastrosa situación planteada por una bajante extraordinaria y una explotación sin límites del recurso pesquero sin duda se agravará hasta límites impensados”, subraya la ONG rosarina. Y puntualizan que “las decisiones judiciales, que también dilataron una medida cautelar durante siete meses, finalizan dando la razón a las organizaciones ambientalistas”, finaliza la ONG.
Fuente: La Capital
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